Gracias a los comentarios suscitados en uno de los post anteriores (“Savater y el sentido común”), el problema del “sentido común” parece saltar momentáneamente al primer plano de este exiguo foro.

Fernando (uno de los comentaristas del post, no Savater) reclamaba en sus intervenciones un espacio de entendimiento y puesta en común de lo social, y apelaba para ello al “sentido común, y a la política, es decir, a la razón y al buen juicio, que no es de nadie sino de todos, porque cuando razonamos todos contamos y debemos poder tomar la palabra”: suscribo desde “cuando razonamos” hasta el final de la frase y me siento en las antípodas desde su comienzo hasta “sino de todos”. Y es que se contradice de un modo flagrante, pues el principal problema del sentido común reside en que rechaza posturas diferentes a las que dicta, así que no puede ser “de todos”: no puede ser, a la vez, de quienes se manifiestan en contra de la guerra de Irak y de los que aplauden en el parlamento el apoyo del gobierno a la guerra (“… que no es”, como decía la ministra). Imposible.

De hecho, el sentido común, a diferencia de otras formas de organización social (sociedades tradicionales, clanes familiares o estamentos gremiales) es algo desterrado de la “democracia” en stricto sensu, donde el reconocimiento de una comunidad compleja y con intereses disímiles instituye el espacio del ágora como el eje que, desde la discrepancia, posibilita la disputa y la intervención sobre el espacio público. Es decir, que el consenso básico de la democracia se funda, precisamente, en la afirmación de la diferencia. En la garantía de que las diversas opciones tengan voz y las mismas oportunidades de intervención en este foro se legitima el rechazo a la vía violenta como modo de decidir el destino de la comunidad. Sin embargo, esto sólo ocurre en stricto sensu, porque en el mismo origen de la democracia moderna se advierte una carga digamos… “genética” que impide, de facto, un acceso igualitario al debate. No se puede pasar por alto que la “democracia real” nace como producto de las revoluciones burguesas del siglo XIX y que desde entonces mantiene ciertos principios que establecen fuertes contrastes en el grado de participación de los ciudadanos en las libertades y derechos que consagra.

En el ADN de nuestras democracias se advierten ciertos valores burgueses que parecen consustanciales o naturalizados en ellas, como la mercantilización de los más variados aspectos de la vida personal y social (el hombre como trabajador y consumidor, el territorio, la vivienda, los alimentos, el ocio o los recursos naturales), la propiedad privada como el derecho que fundamenta el resto de derechos (el que prevalece normalmente en un conflicto de derechos) o la distinción social como horizonte simbólico (acumular individualmente recursos -y ostentarlos- como objetivo personal y rasgo de éxito social) que componen, entre otros, la base “liberal” con la que se identifica su palabra fetiche, la “libertad”.

Al contrario de lo que habitualmente se piensa, estos valores preceden y dan forma al sistema legal –constituciones e instituciones- de la democracia moderna, que surge como emanación de estas nuevas maneras de entender la "misión" del hombre y la sociedad. Es decir, que el sistema legal y social denominado “democracia” se deriva de los intereses y sensibilidades sectoriales de quienes la idean y la originan (no en vano, el sufragio universal o la ausencia de censura informativa son hechos muy recientes en la historia de la democracia).

Nótese que a pesar del sesgo de tal consenso y de las limitaciones a la libre elección que implica, se trata de condiciones no sometidas a discusión en nuestras sociedades, sin que parezca que tal inmunidad se contradiga con esa legitimidad democrática, en strito sensu, fundada sobre grupos con intereses no coincidentes. Es decir, que la democracia parte del principio de que no existe tal “sentido común”, a la vez que limita el disenso posible para que no afecte a estas bases “liberales” (mercantilización, propiedad privada o individualismo, entre otros) que anteceden al reconocimiento de derechos asociados a la democracia (libertad de participación política, expresión, reunión, asociación, elección…). Esta es la causa de que cualquier intento de reforma de las primeras legitime, de facto, una intervención de estos sectores “liberales” que interrumpa por cualquier medio (boicots, golpes de estado, guerras civiles) tal reforma, aunque ésta sea escrupulosa con la legalidad vigente “sobre el papel”. La historia moderna está repleta de ejemplos, desde la Guerra Civil española al apoyo norteamericano a las dictaduras latinoamericanas, la vehemencia de la oposición internacional a Chávez o el reciente golpe de estado en Honduras. Siempre que aparece el peligro de un sistema democrático fundado sobre otros consensos se acaba con la legalidad vigente y se interrumpen, en nombre de la libertad, las libertades “formales”.

Sólo si se actúa dentro del “sentido común” liberal, que no democrático, se puede disentir.

El problema, entonces, no reside tanto en el reconocimiento formal de derechos, sino en el modo en que las democracias liberales establecen filtros para su acceso. En otras palabras, el problema no está en los derechos consagrados en strictu senso, sino en como se ejercen de facto. En stricto sensu, por ejemplo, todos somos iguales ante la ley, pero de facto, el delito común resulta mucho más punible que el de cuello blanco, a todas luces más numeroso, más dañino y más desestabilizador para el conjunto social. Lo mismo puede decirse de la libertad de expresión y de participación política: en stricto sensu se anima a la libre fundación de partidos políticos o medios de comunicación que intervengan en el debate público, pero de facto esta “libertad” se contradice con la obligación de reunir un capital cuantiosísimo y los filtros que esto implica. Al ágora se accede de manera gradual y desigual, en dependencia de los recursos con los que se cuenta.

Es decir, que la democracia moderna reconoce en stricto sensu unos derechos socializados (para todos igual) que de facto están privatizados, pues su ejercicio se deriva de la capacidad de acceso económico a ellos, además de que se garantizan a través de entidades “privadas” que no necesariamente respetan un ordenamiento democrático interno, como son los partidos políticos o las empresas de medios de comunicación en el caso de la libertad de elección y de información, las inmobiliarias y constructoras en el derecho a la vivienda o la industria alimentaria respecto a los precios de los alimentos (en el caso de países como Estados Unidos, esta situación se extiende al derecho a la salud, la educación o las pensiones). No parece demasiado arriesgado afirmar que en nuestras democracias unos son más libres que otros en la medida en que puedan “pagarse” las libertades e intervenir con mayor fuerza en el espacio público mediante partidos políticos, medios de comunicación, lobbies, fundaciones culturales, editoriales o universidades privadas, cuyo financiamiento proviene de un entramado empresarial y económico muy reducido en actores, especialmente en España. De ahí que el papel regulador del estado sea necesario a la hora de equilibrar, mediante leyes, los desajustes que produce este modelo entre derechos reconocidos y realidades sociales.

La distancia entre lo que establece la ley y su aplicación diaria es la que no quieren recorrer los defensores a ultranza del “sentido común”, que convierten cualquier ataque al de facto (el modo desigual en el que se ejercen los derechos), en un ataque al stricto sensu (a los derechos en sí mismos), como si las voces críticas contra el primero aspirasen al cese del segundo (la libertad de expresión, de reunión o de participación política). Este es el modo en que la frase de Fernando cobra sentido. Al afirmar que “la razón” y “el buen juicio”, “no es de nadie sino de todos” apunta a ese “todos” que respeta los consensos –liberales- que anteceden al sistema democrático; de ahí que el cuestionamiento de las condiciones de facto de tal sistema, que es donde operan estos consensos, excluyan al crítico del espacio donde “todos cuentan” y le merezcan una caricaturización monstruosa (alguien que desearía “matar a quienes no le hagan caso”) que justifique la expulsión. La maniobra retórica resulta un calco de las que se han repetido en las intervenciones armadas antes mencionadas, cuyos protagonistas aducen una amenaza al sistema general de libertades (a la “libertad”) a partir del cuestionamiento legítimo de sus intereses sectoriales.

Si se profundiza un poco más en el concepto, resulta sintomático que sean precisamente los defensores del liberalismo democrático quienes reclamen “sentido común”, pues a diferencia del stricto sensu democrático fundado en la diversidad de opciones, sería el comunismo orgánico el que fundamentase su legitimidad en este “sentido común” o consenso amplio derivado de unas condiciones sociales “objetivas” y de una homogeneidad social impuesta. De ahí lo innecesario, en estos regímenes, de la lucha política o la conveniencia de un partido único donde se dirimiesen las diferencias (de matices) hacia el acuerdo colectivo como modo de gestionar la cosa pública. Tanto para unos como para otros, la apelación al “sentido común” se esgrime, de facto, como el comodín de validación de una estructura de poder que se propone como “neutral”, “pragmática” o “racional”, intérprete de excepción de las necesidades de una sociedad entendida como conjunto de intereses compartidos (sobre todo por la élite-nomenklatura dirigente) y donde la ideología se sitúa extramuros.

Frente a este sentido común que sirve para apuntalar el statu quo y limar toda aspereza o disenso real, el “sentido común” en stricto sensu sólo parece posible en una sociedad asentada sobre un espacio, precisamente, “común”. Es decir, integrado, donde todos puedan sentirse partícipes de unos derechos y obligaciones que se apliquen y se disfruten por igual. Hablar de “sentido común” en una sociedad donde los contratos basura conviven con los blindajes millonarios a los directivos, donde el mileurista (el 63% de los trabajadores) se hipoteca por el resto de su vida mientras otros sectores acumulan recursos sin freno derivados de la especulación con el suelo y la vivienda, no deja de ser una entelequia. En Estados Unidos, donde en estos días se polemiza sobre el plan de salud público, el argumento mayoritario contra la iniciativa gubernamental (repetido hasta la náusea) reside en que la privatización sanitaria posibilita una investigación médica y unos servicios de excelencia -de los que se benefician quienes más pagan-, que serían imposibles si un plan sanitario público perjudicase las inversiones de estas compañías -aunque gracias a él millones de personas pudieran gozar de una sanidad que no tienen-: ¿qué “sentido común” puede existir entre segmentos tan contrapuestos de un colectivo?, ¿realmente todos están “en el mismo barco”? Que me aspen si este “sentido común” no les beneficia más a unos que a otros.

La divisa de la revolución francesa establece tres máximas: “Libertad”, “Igualdad” y “Fraternidad”. Parecería que las condiciones para el primer elemento, la libertad, se establecieran en los dos siguientes. Hace falta una sociedad igualitaria, que no homogénea, para generar consensos: sólo así es posible hablar de un “sentido común”, paradójico si los valores que se defienden son los de la competitividad, el enriquecimiento privado y la mercantilización de los derechos y bienes básicos sobre su socialización: ¡Si lo que se pretende es que cada cual arrime el ascua a su sardina, que por lo menos se tenga la decencia de no hablar de un sentido común! ¿O es que se puede establecer el “sentido común” de que aquí cada cual hace de su capa un sayo? Estados Unidos es un buen ejemplo, pero entonces que nadie se sorprenda de que la nación que representa el sueño liberal también sea la líder en inversión mundial en cuerpos de seguridad y contenga el mayor número de personas encarceladas (2.3 millones de personas, con 7 millones de entradas y salidas anuales), todos pobres menos Bernard Madoff.

Que en un sistema denominado "democrático" y basado en mayorías porcentuales, la vida parlamentaria y el debate público se encuentre tan escorado en favor de las opciones liberales sobre las democráticas habla de un desequilibrio, siquiera estadístico, que sólo es posible a partir de una fuerte desigualdad en el acceso al espacio público, donde las sensibilidades e intereses de los sectores más influyentes monopolizan tozudamente la agenda social y generan imaginarios a su medida. A partir de esta constatación, no creo que exista un reclamo más revolucionario que el respeto a los derechos democráticos en stricto sensu y una vida institucional que responda a la composición real de nuestras sociedades, además de una reflexión activa sobre el ejercicio de los derechos ya reconocidos y cambios efectivos que garanticen su disfrute para todos. Este es el balance necesario para poder hablar de "libertad" y de "sentido común", pero mucho me temo que estas palabras, manoseadas sin tregua, sólo sirven como aparato retórica para justificar unos desbalances que se imponen por las buenas, o por las malas.